Acusaciones de socios del club, quienes señalan haber sido engañados, dudas de quiénes son los dirigentes del club y una posible estafa son todos los elementos que se han unido para dilucidar o entorpecer el proceso de remate del emblemático inmueble. 

Una querella criminal por el delito de estafa interpondrá el procurado judicial Javier Gómez, por las diversas irregularidades en el proceso de remate de la sede del club viñamarino.

“Hubo un montón de cosas irregulares que socios del club me hicieron saber. Y creo que incluso se podría llegar a dejar nulo el proceso de remate y que el inmueble quede nuevamente en manos de la gente de la corporación”, aseguró Gómez.

Reconocimiento de deuda

Para entender el proceso de remate y dónde comenzaría la posible estafa, hay que empezar, según Gómez, desde el principio, cuando en el 19 de octubre 2009, la Sociedad Anónima de Everton demanda a la corporación del club por una deuda estimada en 564 millones de pesos. En esa oportunidad los dirigentes José Araneda y Carlos Saavedra reconocen la deuda que se mantiene, dónde la sede serviría para compensar la deuda.

Gómez advierte que ahí se produjo la primera irregularidad puesto que estas personas, en ese momento, no eran parte del directorio de la corporación y por ende, no tenían las facultades para hacer un reconocimiento de deuda. Además, este proceso jamás fue notificado a los socios de la institución, cuando los estatutos internos señalan que se debe hacer una reunión extraordinaria para tratar estos temas.

Tres meses después, socios más antiguos de Everton, entre ellos Oscar Padró y Manuel Castillo se enteran de la irregular situación y de que Araneda y Saavedra no se defendieron y, por ende, tampoco defendieron la sede en el juicio por lo cual ya había una sentencia.

Padró y Castillo convocan a una asamblea extraordinaria de socios y como primer punto, se decide contratar a un estudio de abogados con el fin de dejar sin efecto la sentencia por las irregularidades que se produjeron.

Concejal Varas

Según Javier Gómez, dos años después, y cuando la defensa iba bien encaminada, aparece el actual concejal viñamarino Jaime Varas, quien también era miembro de la corporación, y le aconseja a Castillo que firme un papel con el fin de llegar a un acuerdo con la sociedad anónima para que no se perdiera la sede. “Pero nos mintió, a mí me engañó. Lo que hizo fue despedir a los abogados que nos defendían y nos hizo firmar un avenimiento que nos hacía desistirnos de la defensa”, aseguró Manuel Castillo, quien es el actual presidente de la corporación. Con esto, no solo se desistía del proceso de nulidad, además se aprobaba el primer fallo de reconocimiento de deuda, el cual estaba presuntamente viciado.
Esta no sería la primera vez que la autoridad aparece en este caso. El 3 de noviembre del año 2006, aparece firmando un documento como representante de la Corporación Deportiva, donde se le traspasa la sede a la Sociedad Anónima. Sin embargo, por motivos que se desconocen, nunca ingresó este documento a Bienes Raíces, por lo que esta acción no se hizo efectiva.

El concejal Varas se defiende de las acusaciones alegando que “mi afán siempre ha sido defender la sede. Lamentablemente la justicia determinó el remate, por lo que la situación es lamentable”.

También aclaró que el documento que firmó, no era para ceder la sede, si no que era “para que la Sociedad Anónima funcionara dentro del inmueble. En ningún momento hubo afán de quitarles la propiedad”, aseguró.

Dos presidentes

Después de haberse firmado el avenimiento, se le notificó a la Sociedad viñamarina que tenía 150 días para vender la sede. Nuevamente se pone un plazo para que la gente de la corporación se defienda, y según los antecedentes que recolectó Gómez, no lo hicieron.
El 12 de mayo del 2012, aparece Carlos Salazar, quien también se presenta como presidente de la corporación, aunque Castillo todavía seguía ejerciendo el cargo. Por lo cual se presenta la siguiente paradoja, existen dos personas que figuran como mandamás de la corporación.

Y según las versiones de Castillo y Gómez, ambos tienen dos objetivos diferentes, Castillo intenta frenar el inminente remate, mientras que Salazar no hace nada para defender la sede. La situación se vuelve tan extraña, que ambos presidentes cuentan con diferentes registros de socios, e incluso Salazar aparece como vicepresidente en la lista de Castillo.
Sin embargo, y a pesar de esta irregularidad, el 30 de mayo del año pasado se procede a rematar la sede, la cual es adquirida por la inmobiliaria Indomani en 670 millones de pesos.

Nuevamente se presenta un incidente de nulidad, puesto que Salazar habría firmado papeles como presidente de la corporación, siendo que él no era la persona indicada. Por lo que habría que dejar nulo el remate. Por lo cual desde junio desde el año pasado se está discutiendo para dilucidar quién es el verdadero presidente de la corporación.
El Epicentro se intentó contactar con Carlos Salazar para escuchar su versión, sin obtener resultados positivos.

Gracias a todos estos antecedentes, el procurador judicial Javier Gómez interpondrá una querella, en los próximos días, por el delito de estafa triangular en contra de José Araneda, Carlos Saavedra y todos quienes resulten responsables.

“La idea no es solo encontrar a las personas que participaron en el fraude, además es intentar salvar un emblema de la ciudad y del club deportivo, como es la sede de Viana”, finalizó Gómez.